MOVIMIENTO SANITARIO ARGENTINO - MOSA

Luego de varios meses de intercambio entre trabajadores de la salud de todo el país se lanzó el Movimiento Sanitario Argentino el 24 de octubre de 2011. El movimiento se propone llegar al consenso sobre las políticas públicas de salud tomando como principio el derecho humano a estar sano. Para ello trabajar sobre la participación comunitaria en el ejercicio de ese derecho, privilegiar la promoción, potenciar la prevención y resignificar la asistencia, teniendo en cuenta las particularidades regionales, zonales y aún barriales.El documento que sigue será el motivador de las reuniones, acciones y propuestas de nuestro país.

S.E.R.

La clave de lectura de nuestra propuesta es el reconocimiento de la salud como un Derecho Humano Fundamental. Desde este enfoque la materialidad de la salud compromete a los Estados nacionales a asumir la responsabilidad social de garantizar que el derecho a la salud sea gozado por todo/as los que habitan nuestro suelo sin discriminaciones de ningún tipo, a tomar medidas que contribuyan a su materialización y a impedir que terceros interfieran en la garantía de este derecho. 

Pero,  necesita asimismo de un sujeto colectivo que, al reencontrarse con su historia y con sus sueños, lo garantice y lo sostenga. Desde el 2003 ese sujeto está gestándose en la Argentina, convocado por iniciativas del gobierno nacional que han ido reencontrando al pueblo, vivificando su historia y el sentido que construyó en la lucha y la resistencia. El pronunciamiento popular en la elecciones del 23 de octubre, marca el respaldo para continuar y profundizar las políticas del gobierno. Momento histórico, que desafía a pensar la política de salud como una política de integración social, que viabilice el derecho a la salud como derecho de ciudadanía y la universalidad en la atención, en sintonía con lo que el Gobierno Nacional viene construyendo en otras esferas del Estado.

Nuestra historia ubica el nacimiento de nuestro sistema de salud en el marco de un contrato social expresado en el marco conceptual de la política sanitaria de J.D.Perón y Ramón Carillo  basados en el reconocimiento de la salud como derecho cuando plantean que  Todos los hombres y mujeres tienen igual derecho a la vida y a la salud  y asumiendo la responsabilidad del Estado cuando mencionan que No puede haber política sanitaria sin política social pero además, se planteó la necesidad de eliminar las barreras de acceso, al reconocer que de nada sirven las conquistas de la tecnológia médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.

Sin embargo, los avances logrados en ese período fueron afectados negativamente por una larga sucesión de gobiernos de dictadura militar y políticas neoliberales que nos dejaron como resultado un escenario marcado por la mercantilización de la salud donde convive la sobreoferta con la exclusión en salud y un sistema sanitario fragmentado y segmentado que identificamos como un determinante importante de las inequidades de salud en el país. 

Nuestro país, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ha logrado avances considerables en objetivos que han impactado en algunos determinantes de desigualdades sociales que afectan la salud de la población y han permitido también ir consolidando no sólo la democracia política sino también avanzar en la democracia social.

Estos resultados en los hechos, se constatan también en los votos de las elecciones pasadas, donde la decisión de la mayoría marcó el respaldo y apoyo a continuar y profundizar las políticas del gobierno. Así, la profundización del proyecto de inclusión social con la extensión de los derechos sociales que implementa nuestro gobierno nos desafía a pensar la política de salud desde el enfoque de derechos como una política de inclusión e integración social articulada al desarrollo de país promovido por el gobierno de Cristina.

El Movimiento Sanitario Nacional, nace como expresión de una democracia participativa con la intención de aportar al proyecto nacional y popular una orientación distinta en las políticas públicas de salud y al modelo de desarrollo del país, construyendo agendas desde la propuesta popular y contribuyendo a su implementación.

Para hacer frente a este desafio que nos presenta la problemática de salud es necesario  asumir un contrato social que establece sujetos de derecho, así como un marco de esfuerzo colectivo que garantice esos derechos y permita iniciar un proceso de desmercantilización de la salud. Un contrato social desde el cual se formulen e implementen políticas sanitarias orientadas por el criterio prevaleciente de responder a las necesidades de salud de la población por encima de los intereses particulares.

 1 : Desde esta perspectiva, una condición necesaria, mas no suficiente, para materializar el derecho a la salud es la cobertura universal. De allí que rechazamos las consignas de los organismos internacionales que promueven el Seguro Universal o el Aseguramiento Universal  que se organizan a través de la lógica del costo-beneficio incidiendo negativamente en el derecho a la salud.

 Cuando proponemos un sistema con cobertura universal nos referimos a garantizar el acceso oportuno a los servicios, insumos y medicamentos requeridos según las necesidades de salud de la población y personas. Desde el enfoque de derechos y en coherencia con el proyecto nacional y popular consideramos que se requiere cambiar la estructura del gasto en salud, donde el gasto del bolsillo es del 49.2% del gasto total, lo que se traduce en inequidades en salud. Para este cambio en la composición del gasto se requiere la decisión política de un incremento programado y sostenido del financiamiento público.

 Hoy se sabe que cuanto mayor sea la contribución del gasto público, más equitativo y redistributivo será el gasto en salud, mientras que una mayor participación del gasto de bolsillo evidencia mayores inequidades. Con un financiamiento público adecuado (la OMS habla del 6% del PIB) para garantizar cobertura poblacional universal eliminamos la exclusión y una de las barreras de acceso, que es la económica.    Además, permitiría una inversión planificada en infraestructura de salud con prioridad para las regiones con mayores necesidades no resueltas. Proponer un marco normativo en el Congreso que asegure como se hizo en educación, una ley de financiamiento sanitario (llegar al 6% del PBI de presupuesto nacional en salud) y una Ley Nacional de Salud que asegure los derechos y la universalidad y proponga el marco organizacional donde discutir otras leyes complementarias

 2 : Nuestro sistema de salud es fragmentado (co-existencia de muchas entidades/unidades no integradas en una red de servicios de salud) lo cual ocasiona mayores costos e inequidades. Consideramos que se requiere una organización del sistema que supere la fragmentación y los abordajes de programas focalizados o específicos por patologías.
Para superar la fragmentación se requiere una política que oriente la organización del sistema hacia la integración de manera escalonada y que asegure el acceso a la atención de calidad. Para esto, se requiere fortalecer la Atención Primaria de la Salud Integral y participativa como puerta de entrada al sistema y coordinadora de los diferentes niveles de atención. La cobertura universal requiere asegurar financiamiento para la APS, garantizando la infraestructura de servicios necesaria a escala poblacional, equipos interdisciplinarios de APS con población adscripta y mecanismos de participación social en la toma de decisiones sanitarias, implementación y evaluación.
3 : En el contexto que enfrentamos la salud es regulada por el mercado y desde el enfoque de derechos la responsabilidad social del Estado para garantizarlo exige que éste asuma un rol regulador y prestador crecientemente dominante, promoviendo la desmercantilización de la salud. Sabemos que hay intereses económicos en el campo de la salud. Pero frente a las necesidades de salud de la población no podemos ser neutrales. Para fortalecer el rol regulador necesitamos también innovación institucional que permita fortalecer el Ministerio de Salud y que asuma el rol de conducción de las políticas sanitarias del país con la participación ciudadana.
4 : Desde el enfoque de derechos, asegurar la calidad de la atención implica el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud. En nuestro país requerimos eliminar las formas perversas de contratación y de precarización laboral. Por otro lado, la distribución de recursos, sobre todo profesionales, es desigual en las diferentes regiones del país, con menor disponibilidad en las regiones más alejadas de los centros urbanos, así como de los espacios de mayor pobreza dentro de estos centros.

Atender esta situación, no sólo implica redefinir la distribución de los actuales recursos materiales, técnicos y humanos, sino también, implica instalar un espacio de interacción entre las políticas de salud, las politicas sociales y las políticas de formación de nuevos profesionales. Dar respuesta a estos problemas implica  introducir cambios en la curricula de los aparatos formativos de los profesionales del área de salud para reorientar la formación a que desarrollen competencias específicas en APS apuntando a consolidar la perspectiva planteada y a desarrollar becas,  convenios de residencias, etc. que contribuyan a fortalecer y aportar recursos humanos en todas las regiones y sobre todo en áreas postergadas.

5 : Desde el enfoque de derechos, el acceso universal involucra al medicamento, que es un bien social. Para garantizar el derecho a la salud es estratégico utilizar la capacidad instalada de los 38 laboratorios de PPM que hay en el país para la elaboración de vacunas, medicamentos huérfanos, implementación de economía de escalas en las compras de medicamentos, establecimiento de los medicamentos esenciales y  promoción de un uso racional de medicamentos.  La implementación de esta política permitirá aportará además al desarrollo de tecnologías y recursos humanos en un área estratégica para nuestro desarrollo nacional y regional. Asimismo tal política de producción de medicamentos puede encontrar en el MERCOSUR y la UNASUR el marco apropiado para un desarrollo a escala continental y acorde a las necesidades regionales.  

6. Estos cambios no serán posibles sin la constitución de un sujeto social que lleve adelante la propuesta y acompañe la profundización del proyecto nacional, con actores comprometidos con esos proyectos. Siendo la salud un campo de lucha de intereses económicos y políticos, requiere la presencia de un movimiento nacional con capacidad de convocatoria amplia y plural, comprometido con el derecho a la salud en el marco de los DDHH. Es por eso que invitamos a todas las personas y organizaciones comprometidas con el proyecto nacional y popular a sumarse a este movimiento, convencidos de estar ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar.

 

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