MOVIMIENTO SANITARIO ARGENTINO - MOSA

Luego de varios meses de intercambio entre trabajadores de la salud de todo el país se lanzó el Movimiento Sanitario Argentino el 24 de octubre de 2011. El movimiento se propone llegar al consenso sobre las políticas públicas de salud tomando como principio el derecho humano a estar sano. Para ello trabajar sobre la participación comunitaria en el ejercicio de ese derecho, privilegiar la promoción, potenciar la prevención y resignificar la asistencia, teniendo en cuenta las particularidades regionales, zonales y aún barriales.El documento que sigue será el motivador de las reuniones, acciones y propuestas de nuestro país.

S.E.R.

La clave de lectura de nuestra propuesta es el reconocimiento de la salud como un Derecho Humano Fundamental. Desde este enfoque la materialidad de la salud compromete a los Estados nacionales a asumir la responsabilidad social de garantizar que el derecho a la salud sea gozado por todo/as los que habitan nuestro suelo sin discriminaciones de ningún tipo, a tomar medidas que contribuyan a su materialización y a impedir que terceros interfieran en la garantía de este derecho. 

Pero,  necesita asimismo de un sujeto colectivo que, al reencontrarse con su historia y con sus sueños, lo garantice y lo sostenga. Desde el 2003 ese sujeto está gestándose en la Argentina, convocado por iniciativas del gobierno nacional que han ido reencontrando al pueblo, vivificando su historia y el sentido que construyó en la lucha y la resistencia. El pronunciamiento popular en la elecciones del 23 de octubre, marca el respaldo para continuar y profundizar las políticas del gobierno. Momento histórico, que desafía a pensar la política de salud como una política de integración social, que viabilice el derecho a la salud como derecho de ciudadanía y la universalidad en la atención, en sintonía con lo que el Gobierno Nacional viene construyendo en otras esferas del Estado.

Nuestra historia ubica el nacimiento de nuestro sistema de salud en el marco de un contrato social expresado en el marco conceptual de la política sanitaria de J.D.Perón y Ramón Carillo  basados en el reconocimiento de la salud como derecho cuando plantean que  Todos los hombres y mujeres tienen igual derecho a la vida y a la salud  y asumiendo la responsabilidad del Estado cuando mencionan que No puede haber política sanitaria sin política social pero además, se planteó la necesidad de eliminar las barreras de acceso, al reconocer que de nada sirven las conquistas de la tecnológia médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.

Sin embargo, los avances logrados en ese período fueron afectados negativamente por una larga sucesión de gobiernos de dictadura militar y políticas neoliberales que nos dejaron como resultado un escenario marcado por la mercantilización de la salud donde convive la sobreoferta con la exclusión en salud y un sistema sanitario fragmentado y segmentado que identificamos como un determinante importante de las inequidades de salud en el país. 

Nuestro país, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ha logrado avances considerables en objetivos que han impactado en algunos determinantes de desigualdades sociales que afectan la salud de la población y han permitido también ir consolidando no sólo la democracia política sino también avanzar en la democracia social.

Estos resultados en los hechos, se constatan también en los votos de las elecciones pasadas, donde la decisión de la mayoría marcó el respaldo y apoyo a continuar y profundizar las políticas del gobierno. Así, la profundización del proyecto de inclusión social con la extensión de los derechos sociales que implementa nuestro gobierno nos desafía a pensar la política de salud desde el enfoque de derechos como una política de inclusión e integración social articulada al desarrollo de país promovido por el gobierno de Cristina.

El Movimiento Sanitario Nacional, nace como expresión de una democracia participativa con la intención de aportar al proyecto nacional y popular una orientación distinta en las políticas públicas de salud y al modelo de desarrollo del país, construyendo agendas desde la propuesta popular y contribuyendo a su implementación.

Para hacer frente a este desafio que nos presenta la problemática de salud es necesario  asumir un contrato social que establece sujetos de derecho, así como un marco de esfuerzo colectivo que garantice esos derechos y permita iniciar un proceso de desmercantilización de la salud. Un contrato social desde el cual se formulen e implementen políticas sanitarias orientadas por el criterio prevaleciente de responder a las necesidades de salud de la población por encima de los intereses particulares.

 1 : Desde esta perspectiva, una condición necesaria, mas no suficiente, para materializar el derecho a la salud es la cobertura universal. De allí que rechazamos las consignas de los organismos internacionales que promueven el Seguro Universal o el Aseguramiento Universal  que se organizan a través de la lógica del costo-beneficio incidiendo negativamente en el derecho a la salud.

 Cuando proponemos un sistema con cobertura universal nos referimos a garantizar el acceso oportuno a los servicios, insumos y medicamentos requeridos según las necesidades de salud de la población y personas. Desde el enfoque de derechos y en coherencia con el proyecto nacional y popular consideramos que se requiere cambiar la estructura del gasto en salud, donde el gasto del bolsillo es del 49.2% del gasto total, lo que se traduce en inequidades en salud. Para este cambio en la composición del gasto se requiere la decisión política de un incremento programado y sostenido del financiamiento público.

 Hoy se sabe que cuanto mayor sea la contribución del gasto público, más equitativo y redistributivo será el gasto en salud, mientras que una mayor participación del gasto de bolsillo evidencia mayores inequidades. Con un financiamiento público adecuado (la OMS habla del 6% del PIB) para garantizar cobertura poblacional universal eliminamos la exclusión y una de las barreras de acceso, que es la económica.    Además, permitiría una inversión planificada en infraestructura de salud con prioridad para las regiones con mayores necesidades no resueltas. Proponer un marco normativo en el Congreso que asegure como se hizo en educación, una ley de financiamiento sanitario (llegar al 6% del PBI de presupuesto nacional en salud) y una Ley Nacional de Salud que asegure los derechos y la universalidad y proponga el marco organizacional donde discutir otras leyes complementarias

 2 : Nuestro sistema de salud es fragmentado (co-existencia de muchas entidades/unidades no integradas en una red de servicios de salud) lo cual ocasiona mayores costos e inequidades. Consideramos que se requiere una organización del sistema que supere la fragmentación y los abordajes de programas focalizados o específicos por patologías.
Para superar la fragmentación se requiere una política que oriente la organización del sistema hacia la integración de manera escalonada y que asegure el acceso a la atención de calidad. Para esto, se requiere fortalecer la Atención Primaria de la Salud Integral y participativa como puerta de entrada al sistema y coordinadora de los diferentes niveles de atención. La cobertura universal requiere asegurar financiamiento para la APS, garantizando la infraestructura de servicios necesaria a escala poblacional, equipos interdisciplinarios de APS con población adscripta y mecanismos de participación social en la toma de decisiones sanitarias, implementación y evaluación.
3 : En el contexto que enfrentamos la salud es regulada por el mercado y desde el enfoque de derechos la responsabilidad social del Estado para garantizarlo exige que éste asuma un rol regulador y prestador crecientemente dominante, promoviendo la desmercantilización de la salud. Sabemos que hay intereses económicos en el campo de la salud. Pero frente a las necesidades de salud de la población no podemos ser neutrales. Para fortalecer el rol regulador necesitamos también innovación institucional que permita fortalecer el Ministerio de Salud y que asuma el rol de conducción de las políticas sanitarias del país con la participación ciudadana.
4 : Desde el enfoque de derechos, asegurar la calidad de la atención implica el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud. En nuestro país requerimos eliminar las formas perversas de contratación y de precarización laboral. Por otro lado, la distribución de recursos, sobre todo profesionales, es desigual en las diferentes regiones del país, con menor disponibilidad en las regiones más alejadas de los centros urbanos, así como de los espacios de mayor pobreza dentro de estos centros.

Atender esta situación, no sólo implica redefinir la distribución de los actuales recursos materiales, técnicos y humanos, sino también, implica instalar un espacio de interacción entre las políticas de salud, las politicas sociales y las políticas de formación de nuevos profesionales. Dar respuesta a estos problemas implica  introducir cambios en la curricula de los aparatos formativos de los profesionales del área de salud para reorientar la formación a que desarrollen competencias específicas en APS apuntando a consolidar la perspectiva planteada y a desarrollar becas,  convenios de residencias, etc. que contribuyan a fortalecer y aportar recursos humanos en todas las regiones y sobre todo en áreas postergadas.

5 : Desde el enfoque de derechos, el acceso universal involucra al medicamento, que es un bien social. Para garantizar el derecho a la salud es estratégico utilizar la capacidad instalada de los 38 laboratorios de PPM que hay en el país para la elaboración de vacunas, medicamentos huérfanos, implementación de economía de escalas en las compras de medicamentos, establecimiento de los medicamentos esenciales y  promoción de un uso racional de medicamentos.  La implementación de esta política permitirá aportará además al desarrollo de tecnologías y recursos humanos en un área estratégica para nuestro desarrollo nacional y regional. Asimismo tal política de producción de medicamentos puede encontrar en el MERCOSUR y la UNASUR el marco apropiado para un desarrollo a escala continental y acorde a las necesidades regionales.  

6. Estos cambios no serán posibles sin la constitución de un sujeto social que lleve adelante la propuesta y acompañe la profundización del proyecto nacional, con actores comprometidos con esos proyectos. Siendo la salud un campo de lucha de intereses económicos y políticos, requiere la presencia de un movimiento nacional con capacidad de convocatoria amplia y plural, comprometido con el derecho a la salud en el marco de los DDHH. Es por eso que invitamos a todas las personas y organizaciones comprometidas con el proyecto nacional y popular a sumarse a este movimiento, convencidos de estar ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar.

 

A PROBLEMAS PUBLICOS SOLUCIONES PUBLICAS !

Reformulando ALAMES en Argentina

Documento aprobado en Asamblea el 19 de marzo de 2011 

(con modificación del último párrafo de la pág.  2)

 

ALAMES es una organización latinoamericana comprometida con la defensa de la salud como derecho humano fundamental para todos los ciudadanos, y cuyo alcance se basa en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos del continente a través de un Estado que proteja derechos.

Agrupa a investigadores, estudiantes, profesionales de la salud, grupos y organizaciones civiles y a todos aquellos que se proponen contribuir a fortalecer teórica y operativamente el pensamiento médico social y de salud colectiva de América Latina, en la búsqueda de nuevos paradigmas de la salud pública que rescaten la cuestión de la igualdad, la solidaridad, la equidad y la inclusión social como ejes en la defensa de la vida.

Siendo  la salud una construcción de toda la sociedad, su defensa como bien social resulta contracultural  al modelo impuesto, acentuado  por el neoliberalismo dos décadas atrás, para quien significa un bien de mercado.

En ese sentido, se compromete con las luchas populares que se desarrollan en el continente promoviendo procesos de transformación social que aseguren el acceso a la salud, la educación, el empleo, la vivienda.  la cultura  y el ambiente saludable como condiciones básicas para alcanzar una vida digna.

Un poco de historia de ALAMES

Entre los años 70 y mediados de los 80, una ola de dictaduras militares azotó nuestro continente con el objetivo de convertir a América Latina y el Caribe en una subsidiaria dependiente definitivamente  del mercado, pauperizando a la inmensa mayoría de sus habitantes  y sacrificando la construcción de una identidad común que nos permitiera pensarnos como nación latinoamericana.

Estas dictaduras fueron la antesala de consecutivas reformas destinadas a que todo aquello  que tuviera valor de mercado fuera desprendido del Estado . La salud no escapó a esta lógica mercantil. Y los límites entre Estado y Sociedad fueron desdibujándose, ocupando muchas veces ese vacío las organizaciones civiles, generándose nuevos escenarios y nuevos actores sociales en el campo de la salud.

Es en este contexto histórico-político que se desarrolla el pensamiento médico-social latinoamericano, liderado por pensadores y activistas de la región, uno de cuyos mas claros exponentes fue Juan César García, médico y sociólogo argentino que lideró la incorporación de las ciencias sociales a la enseñanza y la práctica de las profesiones de la salud con criterios basados en la realidad latinoamericana, en oposición a las corrientes funcionalistas provenientes de Estados Unidos. Pocos meses después de su muerte prematura, se constituye la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, en el marco del III Seminario Latinoamericano de Medicina Social en Ouro Preto, Brasil, en noviembre de 1984.

Desde sus inicios ALAMES ha tenido una clara posición política, dado que explícitamente lucha por:

1.-una mayor equidad en todos los terrenos de la vida.

2.-por la salud como derecho humano fundamental.

3.-porque los Estados cumplan con su rol indelegable de proteger los derechos de toda la ciudadanía y promover un ambiente saludable

 Su creación tuvo como finalidad profundizar en el conocimiento de las estrechas relaciones entre la salud y la sociedad, teniendo como base los avances científicos y las experiencias obtenidas en la enseñanza de posgrado en el área de la medicina social.

De esta manera, se impulsó la consolidación de un área de investigación-acción en América Latina, a través de proyectos coordinados por investigadores y asociaciones de la sociedad civil, conformándose un poder contra hegemónico de su época, que tuvo la capacidad de hacer una lectura de la realidad verdaderamente osada y revolucionaria. Si se analiza la lectura que hizo ALAMES en aquellos tiempos, se dimensiona el carácter visionario de la misma, ya que lo mismo que se discute hoy en los foros más progresistas, es lo que discutía  nuestro Juan César García hace 30 años.

Latinoamérica hoy.

A fines de los 80, Francis Fukuyama y otros pensadores del Departamento de Estado norteamericano anunciaron el fin de la historia y el fin de las ideologías. Los países periféricos del continente, con honrosas excepciones, como Cuba, dispusieron lo necesario para actuar en sintonía con esta corriente ideológica que no parecía tener vuelta atrás.

No obstante, alrededor de 10 años atrás este vaticinio que parecía tener carácter demoledor empezó a resquebrajarse. Es probable que el alzamiento zapatista del 1 de Enero de 1994 casi en simultáneo con la firma del NAFTA haya tenido un significado mucho más trascendente en este proceso que el que hasta ahora se le ha otorgado. Luego de la crisis que parecía imposible de superar, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina comenzaron a transitar un proceso que concitó la atención internacional antes que la local.

Gobiernos populares, cada uno con  su color, sus bemoles y las particularidades propias de la Región, pero innegablemente populares, empezaron a vislumbrar la posibilidad de constituirnos en un bloque con una identidad común y un poder de negociación en el tablero internacional cuya potencialidad aún hoy desconocemos. Precisamente el carácter popular de estos gobiernos está dado por una constante que se repite en toda la región, que da cuenta del regreso del Estado a la escena política, impulsando cambios de paradigmas que fueron aceptados o resistidos con distinto alcance según los sectores de la sociedad.

Una de las áreas con mayor resistencia endógena ha sido sin dudas la salud.  Esa resistencia  se instaló en un sector fragmentado y segmentado, para el que la deformación de sus propios profesionales resultó significativamente funcional.

 ALAMES en Argentina

El sistema sanitario argentino presenta características compartidas con el resto de la región, y otras que le son propias. Su segmentación desde la base, que atraviesa los subsectores público, privado y de la seguridad social, junto a la ola de reformas sectoriales que se extendió por toda Latinoamérica, han profundizado este fenómeno  para terminar garantizando un sistema que, lejos de asegurar la equidad, se encarga de mantener la exclusión social y la inequidad que ésta conlleva.

Desde los 80, junto con el boom de los sistemas privados de medicina prepaga, se vivió un feroz proceso de descentralización en el que sucesivamente la Nación se desprendió de su responsabilidad  transfiriéndola  a las provincias y éstas a los municipios, sin  la transferencia necesaria de recursos. Así, el Ministerio de Salud mantuvo  el deterioro progresivo, antipopular y sin pausa que el sistema público arrastra en las últimas 5 décadas. La desarticulación existente con las organizaciones sociales y las  instituciones y sectores vinculados a la salud, hace que nuestro sistema de salud sea un modelo perimido en casi todos los órdenes, fragmentado y segmentado, con corrupción estructural, condicionamiento externo, y un financiamiento y destino regresivo de sus fondos.  En la misma línea de resquebrajamiento de las políticas públicas, la seguridad social creó planes diferenciales que desde los 90 fue una de las muestras más claras del abandono de sus principios nutricios basados en la solidaridad.

 Este contexto de fragmentación y desideologización en el sector salud impactó negativamente en los profesionales egresados en las últimas dos décadas, instalando la  lógica individual y de supervivencia del más apto.

Sin una matriz teórica propia que hiciera  de soporte intelectual para intentar una transformación, miles de profesionales se sumaron a un sistema sanitario que hace ya mucho tiempo no intenta una mirada estratégica sobre el sector salud.

Tal el desafío que la situación actual nos plantea. En nosotros está  comprometernos a participar y a sumarnos a un proceso de transformación que urge concretar.

Objetivos generales:

• Contribuir a la transformación del actual paradigma asistencialista de la salud en uno centrado en la salud y el ambiente saludable como derechos humanos fundamentales  que deben ser garantizado por el Estado.
• Promover la instalación de ese paradigma en el imaginario social, para que la salud deje de ser un tema meramente técnico.
• Contribuir a la creación de sistemas públicos y gratuitos de salud pública con acceso universal a los servicios y garantía de la calidad de atención.
• Crear, fortalecer y consolidar un poder contracultural que luche en pos de ese nuevo paradigma y aporte al movimiento latinoamericano.

 Objetivos particulares:

·        Contribuir a fortalecer teóricamente y operativamente el pensamiento médico social  en el país, promoviendo actividades científicas, técnicas, debates académicos, análisis de políticas de salud y toda acción que enfatice la cuestión de la igualdad, la solidaridad y la equidad en salud.

·        Estimular y favorecer la producción, publicación, difusión e intercambio de trabajos de investigación-acción y promover encuentros y actividades que visibilicen los problemas de salud y a los sujetos sociales que los padecen.

·        Fomentar la comunicación entre la comunidad científica médico social y las organizaciones de base y organismos estatales responsables del desarrollo social, la economía, la educación, la ciencia y la cultura.

·        Desarrollar una presencia activa en el terreno de los hechos, allí donde la salud está comprometida o sujeta a conflictos y apoyar a los trabajadores organizados de la salud en la mejora de sus condiciones laborales.

 Espacios de intervención

·      Territorial: instalar y potenciar la discusión sobre salud en las organizaciones sociales.

·        Elaborar diagnósticos de situación epidemiológica, comunicacionales, legales, éticos  junto con los actores sociales:”salir, mirar, pensar, producir, devolver”

·        Producir conocimiento que pueda ser utilizado por el trabajador de salud en el barrio o en el aula.

·        Con los trabajadores de la salud: acompañarlos en sus reclamos.

·        En la Universidad: formación de pre y posgrado que promueva la discusión sobre el valor social de la salud y se vincule con las organizaciones de base.

Lema 2011 de la OMS y reflexiones del Dr. Richard J. Roberts.

Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2011 -
Resistencia a los antimicrobianos: Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana

El problema de la resistencia a los antimicrobianos no es nuevo, pero se está volviendo cada vez más peligroso. Son necesarias actuaciones urgentes y unificadas para evitar que regresemos a la era preantibiótica. Con motivo del Día Mundial de la Salud 2011, la OMS hará un llamamiento a la acción para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos mediante la adopción por todos los países de seis medidas de política para luchar contra dicha resistencia.

La resistencia a los antimicrobianos y su propagación mundial

Vivimos en una era en la que dependemos de los antibióticos y de otros antimicrobianos para tratar enfermedades que eran mortales hace algunos decenios, o solo algunos años, como en el caso del VIH/sida. Cuando aparece la resistencia a los antimicrobianos (o farmacorresistencia) estos medicamentos dejan de ser eficaces. En el Día Mundial de la Salud 2011 la OMS va a pedir un mayor compromiso mundial para salvaguardar estos medicamentos para las generaciones futuras. La resistencia a los antimicrobianos (el tema del Día Mundial de la Salud 2011) y su propagación mundial ponen en peligro la persistencia de la eficacia de muchos medicamentos utilizados hoy en el tratamiento de las enfermedades infecciosas.

Para el Día Mundial de la Salud 2011 la OMS pedirá a los gobiernos y a otras partes interesadas que apliquen las políticas y las prácticas necesarias para prevenir y contrarrestar la aparición de microorganismos muy resistentes.

Richard J. Roberts obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993, compartido con Phillip A. Sharp.   

El Premio Nobel de Medicina de 1993 Richard Roberts, en una entrevista publicada en el diario La Vanguardia, denuncia que las farmacéuticas se dedican a desarrollar medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad.

Pone de manifiesto que muchas de las enfermedades que hoy son crónicas tienen cura, pero para los laboratorios farmacéuticos no es rentable curarlas del todo, los poderes políticos lo saben, pero los laboratorios compran su silencio financiando sus campañas electorales.

La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas puesto que

la industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital.

Pero no es como cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos y si sólo piensan en los beneficios, dejan de preocuparse por servir a los seres humanos.

Por ejemplo he comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad...

Y dejan de investigar porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curar a como en sacar dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y  hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando se deja de tomar el medicamento.

Es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no se tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y se comprobará lo que digo.

La salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.

Por ejemplo, se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.

El Tercer Mundo es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero hablando del Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.

Políticas de salud para el Proyecto Popular - ESPACIO CARTA ABIERTA

La Salud como Derecho y construcción colectiva

La salud es la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Lucha, elaboración, construcción, que necesita de un sujeto colectivo que reconozca en la memoria histórica su identidad y el sentido de sus sueños. Por eso un proyecto de salud sólo existe si hay un pueblo que lo construye, lo sostiene y lo defiende. Es también un derecho humano y social inalienable, y por eso es responsabilidad indelegable del Estado garantizar su ejercicio a todos los que habitan nuestro suelo.

Desde el 2003 ese sujeto está gestándose en la Argentina, convocado por iniciativas del gobierno nacional que han ido reencontrando al pueblo, vivificando su historia y el sentido que construyó en la lucha y la resistencia a lo largo del tiempo. Ese sujeto vuelve a ser protagonista de su propia vida y artífice de su futuro. La recuperación del acceso al trabajo para millones; la posibilidad de discutir condiciones laborales; la estatización de los fondos de las AFJP y la apertura a la jubilación para otros millones de olvidados; la firme política de memoria, verdad y justicia para con los crímenes de lesa humanidad; la no menos firme negativa a reprimir las expresiones del conflicto social; la ley de democratización de los medios de comunicación audiovisuales; el matrimonio igualitario; la ley nacional de salud mental; la ley 26485 en defensa de la mujer contra la violencia de género; la recuperación de la fiesta para todos, desde el futbol hasta los carnavales pasando por la fiesta del bicentenario, la mayor de la historia argentina; la asignación universal por hijo; el no al ALCA y la clara opción por una patria latinoamericana como nunca desde los sueños de San Martín, Artigas y Bolívar, son marcas indelebles del camino recorrido. Marcas sobre las que la palabra popular ya pronunció su veredicto: Nunca Menos. Este momento histórico desafía a pensar la política de salud como una política de integración social, que viabilice el derecho a la salud como derecho de ciudadanía y la universalidad en la atención, en sintonía con lo que el Gobierno Nacional viene construyendo en otras esferas del Estado. A partir de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo podemos constatar que las familias ya no llegan a los servicios de atención primaria sólo cuando el padecimiento se hace insoportable o cuando perciben su vida en riesgo, sino por permitirse desear algo más que la mera supervivencia cotidiana. Cuando el presente se vive con conciencia del mañana se abre un espacio/tiempo para cuestionar los límites que constriñen injustamente la vida.  Alcanzar a esos sectores ya no depende de la voluntad y la sobrecarga laboral de algunos trabajadores de salud: la Asignación Universal acerca hoy a los servicios de salud (y a las escuelas) a ese sector de la población hasta el momento invisibilizado y silenciado. Llegan masivamente e interpelan la práctica de estos equipos con problemas nuevos: el desafío de la gestión consiste, entonces, en  desarrollar modelos y estilos de atención coherentes y eficaces que permitan alojar estas problemáticas.
Dar la bienvenida a cada recién nacido a una sociedad que lo espera, con su lugar previsto en la familia, en la escuela, en el Centro de Salud, en espacios de producción de la cultura, es sostenerse en el valor máximo de la defensa de la vida.

               Las políticas del sector Salud

Es notorio que ninguno de esos grandes núcleos del proyecto popular fue construido en el seno del sector salud. Aún está pendiente la tarea de alinear las políticas sectoriales en clave de dicha constelación. También por allí pasa la línea de confrontación del movimiento popular con los poderes hegemónicos del establishment neoliberal faccioso, individualizante y segregador. Un derecho no es - no puede ser -  una mercancía. Y sin embargo la distribución de recursos en salud se encuentra dominantemente sometida a la lógica del mercado.  Una situación que en cuanto la enunciamos resulta inaceptable, y con la que  convivimos como si fuera “natural”: el mercado es el gran distribuidor del derecho a la salud y aún a la vida. La distribución actual de los recursos específicos del campo así lo indica. En un proceso regresivo cuyo inicio puede situarse en el golpe de 1955, década tras década se ha ido transformando la estructura del gasto en Argentina en favor del sector privado y a expensas del sector público. En dinero, en camas, en recursos de todo tipo, se puede verificar cómo se ha ido privatizando la salud de los argentinos. Los resultados de estas políticas se observan claramente si tomamos el gasto total en Salud (equivalente al 10% del Producto Bruto Interno), le sumamos el conocimiento técnico acumulado, tanto en las distintas disciplinas como en el campo socio-sanitario, y los comparamos con tasas vergonzosamente altas de mortalidad infantil, preescolar y materna, o con la alta prevalencia de tuberculosis y Chagas. Como ejemplos, bastan. Claro que algo de esto comienza a explicarse cuando afinamos la mirada y advertimos que el 30% del gasto total - aproximadamente el 3% del PBI - lo representa el gasto en medicamentos, y sólo el 1,9 % del PBI  se invierte en salud pública gratuita.
A las cuestiones epidemiológicas se agregan viejos y nuevos problemas organizacionales, la creciente insatisfacción entre los trabajadores, una expansión tecnológica irracional, el avance de la medicalización y del negocio de los medicamentos, el deterioro de la infraestructura, los modelos formadores basados en lógicas biomédicas y la insatisfacción de la población, por sólo citar algunos de los más importantes. Un proceso de deterioro macro y micro institucional que se expresa también en la salud de los trabajadores de la salud. Hoy tenemos un sistema de salud fragmentado, que se sigue subdividiendo al interior de sí mismo. Y si hay algo que anhelan quienes ostentan en el mercado una posición dominante, es esa fragmentación: que no haya sino individuos aislados (“pacientes” o “clientes”) en el otro extremo de la cadena, no hace sino potenciar su poder. La profundización de este modelo reserva para el Estado un rol “reparador”: el de subsidiar la demanda. Esto significa moderar sus consecuencias más intolerables, inyectando recursos públicos que conviertan a los sectores carentes de recursos propios, en clientes del sector privado.  No podríamos completar este breve panorama sin señalar un componente decisivo para el análisis: en el sistema en su conjunto coexisten la sobreoferta de prestaciones, el sobre equipamiento en muchos aspectos, con gravísimas situaciones de inequidad y exclusión. Es necesario remarcarlo: no se trata de escasez de recursos. Se trata de la combinación perversa entre la sobreabundancia de muchos de ellos y la enorme inequidad en su distribución. Situación que coloca la cuestión claramente en el terreno político.

¿Cómo redistribuir esos recursos?

Predominan hoy  propuestas que, con un discurso “progresista”, asignan al sector público las prestaciones de la Atención Primaria de Salud dejando la alta tecnología en manos del sector privado. Un juego que implica que las prácticas rentables queden en manos privadas y las que no, sea el Estado quien las cubra o las financie de modo de devenir rentables para los prestadores privados. Es lo que se proponen los seguros de salud. Como se ha dicho muchas veces, si hay algo seguro en los seguros de salud es el flujo de recursos públicos y de la seguridad social al sector privado. En esto consiste el rol subsidiario del Estado. La propuesta de salud para el proyecto popular es recuperar el rol del Estado como un único rector y un prestador crecientemente dominante, que coloque al sector público en el centro y haga jugar a los otros sectores y sub - sectores a su alrededor. Mediante su intervención decisiva el sector público deberá operar como el gran organizador del sistema.  Recuperar ese rol permite marchar hacia un sistema integrado, cuyo principio guía y eje articulador de las políticas a implementar, sea la universalidad del derecho a la salud.  Esta noción de universalidad se contrapone con las reiteradas propuestas de políticas focalizadas caracterizadas por el subsidio a la demanda, cobertura restringida, asignación normativa de las prestaciones (que confieren un rol pasivo a trabajadores y beneficiarios), medicalización y naturalización de la pobreza. Dichas propuestas son la corporización de programas pensados con una lógica liberal, de Estado conservador y mínimo. Programas que no garantizan la salud como un derecho de ciudadanía, sino que se despliegan como acciones tutelares sobre las clases populares. El Sistema Público de Salud del Proyecto Popular no se dirigirá ni a clientes ni a tutelados, sino a titulares de derechos,  será por lo tanto de acceso universal y gratuito. Modificar esta ecuación no será posible sin recobrar la soberanía en el financiamiento del sector: será necesario que dependa fundamentalmente del financiamiento público a través de rentas generales, y no de programas de financiamiento internacional sujetos a cláusulas de implementación que aumentan la fragmentación y la competencia, amén de la deuda externa. Es fundamental que la asignación de recursos sea definida en razón de las necesidades a cubrir.  Esa evaluación requiere de un sólido sistema de información de base poblacional, y de su uso y discusión en Consejos de Salud territoriales que nucleen comunidades, trabajadores de salud y funcionarios. Los  mecanismos de flujo de los “ingresos propios” deberán por lo tanto estar desvinculados de la prestación y del efector que los origina. Como se ha demostrado a lo largo de estos años, no será la competencia la que logre calidad en las prestaciones - como lo proponen los programas financiados y diseñados por el Banco Mundial - sino el sujetar la práctica de los equipos de salud a las necesidades y la participación popular. Lejos de las hojas de ruta de las tecnocracias internacionales,  así lo implementan día a día tantos trabajadores y comunidades barriales en cientos de experiencias de resistencia a lo largo del país. Que hoy necesitan encontrarse en un Estado construido, también, desde ellas. La noción de Universalidad incluye atender a la singularidad: la salud se construye para todos, cuando las prácticas pueden llegar a la medida de la necesidad de cada uno. No cuando las prestaciones sólo se ofrecen a quienes tienen menos dificultades para tomarlas.  Las sociedades con mejores indicadores de salud no son las más ricas, sino las más equitativas.  La salud es una construcción colectiva, y esta noción, tan esencial en los pueblos originarios de este continente como entre los inmigrantes que formaban mutualidades para apoyar solidariamente a sus enfermos, no ha logrado ser arrasada a pesar de todos los empeños del aluvión neoliberal. También los trabajadores de la salud, que enfrentan cotidianamente situaciones que son verdaderos frentes de combate, logran transformar rutinas de medicalización en procesos de construcción de ciudadanía. Será necesario entonces cuidar, aprovechar y potenciar  los espacios de autonomía, resistencia y creatividad que se generan en las instituciones de salud, avanzando hacia procesos de gestión genuinamente democráticos. La atención universal en salud requiere asegurar una infraestructura de servicios a escala de la población, asignando a los trabajadores del sector responsabilidad por un sector nominal/territorial de esa población, y a la vez diseñar y establecer mecanismos de democracia directa, de modo que la comunidad pueda participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales en el territorio. Los Consejos Comunitarios en interrelación permanente con Mesas de Gestión interagencial (centrales, regionales y locales) en todo el territorio nacional,  como instancias nucleares de construcción y monitoreo de las políticas sociales, implican comprometer en la planificación local integral a los sectores de salud, desarrollo social, educación, cultura, comunicación, justicia, seguridad, trabajo, política ambiental, vivienda y urbanismo.

Este enfoque demanda estrategias de abordaje apoyadas en los criterios de Clínica Ampliada, herramienta celular de política pública, que está compuesta por las siguientes condiciones mínimas:

a)  Las estrategias deben ser singularizadas, siendo los protocolos generales sólo un marco recreado cada vez, de acuerdo al diagnóstico situacional de recursos y la construcción interdisciplinaria de problemas.  Cuando usamos la noción de Universalidad en salud, esto incluye atender a la singularidad. Es preciso reafirmar que hay salud para todos, cuando las prácticas se dirigen a la necesidad de cada uno.

b)   Deben abarcar las dimensiones subjetivo-social, biológica y cultural, evitando reduccionismos y hegemonías de cualquier índole.

c)   Todos los recursos, materiales, sociales, institucionales, subjetivos, familiares y comunitarios, deben disponerse en función de la estrategia surgida del encuentro entre el ciudadano afectado y un equipo interdisciplinario responsable.

d)     Dicha estrategia debe orientarse siempre hacia la producción de salud e inclusión, íntimamente vinculada al desarrollo de lazos sociales, la autonomía responsable y el protagonismo del sujeto en su propio devenir. 

    La fragmentación de las políticas públicas, sostenida por una organización estatal anacrónica y funcional al statu quo, y la burocratización de las prácticas cotidianas en las diversas agencias del Estado, son obstáculos macro y micro que actúan de modo sinérgico y deben ir siendo superados para la  ampliación efectiva del ejercicio del derecho a la salud.

Si se opta  por  reconstruir  el valor de la salud como bien público, se impone revisar los mecanismos  jurídico – administrativos, alineando en ese sentido los mecanismos de gestión y  la organización de los procesos de trabajo.  Estos deben hacer base, como se dijo, en una población territorialmente definida, garantizando a esta población mecanismos de participación  directa en la gestión. 

Pero nada de esto será posible sin actores comprometidos con esos proyectos. Compromiso que obliga a revisar no sólo los modelos de gestión político – clínica que encuadran a los servicios de salud, sino a analizar  las formas contractuales que los enmarcan. Por lo tanto requiere por parte del Estado la jerarquización de los trabajadores, la eliminación de formas perversas de contratación y de precarización laboral, espacios de capacitación en servicio, gestión democrática, desarrollo de una estrategia comunicacional que legitime la salud como parte de una cultura pública, y la ampliación decisiva de la masa crítica de recursos humanos en el Estado, reorientando financiamiento hacia el Primer Nivel de atención.Si se quiere impulsar y garantizar una planificación estratégica acorde a los objetivos planteados, la intervención del Estado Nacional a través del Ministerio de Salud resulta decisiva. La posibilidad de establecer convenios entre el Estado Nacional y las diferentes jurisdicciones, brinda una herramienta fundamental para hacer viable el necesario proceso de transformación.

               Rol Rector y Regulador del Estado

Si se preguntara hoy a cualquier habitante cómo funciona el sistema de salud en nuestro país, las respuestas variarían según el nivel de ingresos del entrevistado.

Los sectores carenciados o pobres nos hablarían sobre el hospital y en algunos casos sobre la “salita” del barrio y describirían las vicisitudes para acceder al lugar de atención, las demoras una vez instalados en el establecimiento y los problemas para acceder a los medicamentos y los estudios complementarios.

Los sectores de clase media de ingresos medios y bajos, hablarían del hospital público y en algunos casos de las obras sociales. Sobre el hospital confirmarían las dificultades para conseguir un turno, dirían que a veces  el profesional no asiste o llega tarde, que faltan equipos o que no funcionan, que la comida del internado es poca y fea. O que la limpieza deja mucho que desear, la ropa blanca y frazadas faltan o están en mal estado o que hace frío o calor, que las instalaciones están deterioradas y con poco mantenimiento. 

De las obras sociales es probable que nos digan que para atenderse tuvieron que hacer muchos trámites administrativos, que en la cartilla no están los profesionales y las instituciones que elegirían, que para los medicamentos y los estudios tienen que pagar un bono o un porcentaje, y que cuando las cosas se complican buscan algún contacto en el mejor hospital público de la ciudad, porque “los mejores doctores” están allí.

Y los sectores de mayores ingresos combinarían sus experiencias entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga y relatarían que pagando un adicional no hacen trámites administrativos, tienen los mejores establecimientos privados, los mejores profesionales, el equipamiento de última generación, y que siempre salen de la consulta con algún medicamento o estudio de alta complejidad. Que pagarán, dado que es por la salud, asegurándose además condiciones de confort en caso de internación. No obstante lo cual, en caso de urgencia es probable que en primera instancia, en muchos casos única, recurran a la guardia del hospital público.

El relato variará en matices si la persona vive en un gran centro urbano, en una pequeña ciudad, o en el norte, centro o sur del país.

Si la consulta se hiciera a las personas que trabajan en el sistema de salud, es probable que lo que expresen esté vinculado al subsector donde realicen sus actividades. Sería en muchos casos una combinación de opiniones dado que lo más frecuente, en especial en médicos y enfermeras, es que durante la mañana realicen labores en el hospital público, y por la tarde en clínicas o consultorios privados.

Por último, los encargados de conducir el sistema hablarían de la atomización producto de una organización federal con 24 jurisdicciones heterogéneas, de una autoridad nacional con escasas atribuciones y poder de decisión; dirían que muchos municipios cumplen activos roles en la provisión del servicio y describirían un sistema diferenciado según la fuente de financiamiento en tres subsectores: público, de la seguridad social y privado.

Estas diferentes miradas ayudan a visualizar un modelo fragmentado y mixto, en el que coexisten prácticas asistenciales y de gestión de salud pública y gratuita, con sistemas de seguridad social y prácticas de mercado.

Cuando se analizan los mercados de salud, se visualiza que en ellos rigen la selección adversa, la inelasticidad de la demanda, la información no sólo imperfecta sino fuertemente inducida, y la determinación de la demanda por parte de la oferta. Enormes beneficios para unos  e inequidad en el acceso y la calidad de la atención son su consecuencia inevitable.

Durante más de 60 años se fue conformando en la Argentina un modelo asistencial a partir de las organizaciones sindicales por rama de actividad o lugar de trabajo, que conformaron el subsector de obras sociales.

A la sombra de ese modelo asistencial creció un conjunto de prestadores por lucro conformado en el subsector privado, integrado por prestadores institucionales (clínicas, sanatorios, etc) e individuales (profesionales de la salud ). En los últimos 20 años, montados en las políticas de desregulación de la economía, los seguros previsionales y de salud (obras sociales) y la importación del modelo de atención gerenciada, se incrementó significativamente el número de las entidades de medicina prepaga.

Hecha esta descripción, ¿que significa que el Estado recupere el rol de rector del conjunto del sistema de salud? Significa asumir en todo el territorio nacional el rol de garante y regulador de todas las acciones de los efectores de los distintos sectores y subsectores.

Es así, que para asegurar el derecho universal a la salud en el marco de un sistema mixto, el Estado deberá poner en marcha políticas que le permitan garantizar:

·        Óptima calidad e integralidad de la atención a la salud en los distintos niveles y sectores

·        Fiscalización y control por parte de la autoridad sanitaria, de todas las actividades con incidencia sobre la salud.

·        Un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento

·        Coordinación nacional de la red de servicios de salud y los mecanismos de referencia y contrarreferencia.

·        Favorecer el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

·        Promover la unificación de normas y procedimientos de regulación y fiscalización en todas las jurisdicciones y sectores, con adecuaciones regionales y locales. 

·        Establecimiento de un sistema de información básica y uniforme para toda la organización sanitaria federal.

               Política de medicamentos

El concepto mágico de que solamente los medicamentos resuelven, mitigan y/o previenen los problemas de salud de la población que los consume, subyace en el proceso de medicalización de la cultura imperante.  La comunidad en su conjunto, y los pacientes especialmente, todavía aceptan el atributo “remedio” como sinónimo natural del término medicamento. Los aportes que los medicamentos esenciales hicieron a la investigación básica y clínica  y a la terapéutica en los últimos 60 años, ha sido relevante. Sin embargo resulta imposible afirmar que todos los medicamentos comercializados en la actualidad muestren la misma significación sobre la salud de la población en su conjunto y/o la de los individuos que los utilizan en particular. Su “contribución” a la carga de morbilidad, a la aparición de efectos adversos graves (causando nada menos que el 10% de ingresos hospitalarios) y al error en medicina, tiene escasa difusión en el sistema, la población  y los propios consumidores de fármacos. Detrás de este imaginario colectivo, se esconden intereses contradictorios que rodean al “remedio” y que acompañan al hombre como sujeto histórico. Desregulación de precios, sobreprecios según pagador,  propiedad intelectual y patentes por sobre la potestad del Estado en materia de Salud Pública, ganancias de la producción y distribución divorciadas del costo, e incentivos económicos (antiéticos) ofrecidos a todos los actores por parte de la industria farmacéutica, aparecen como antagónicos con los derechos del paciente y  la necesidad sanitaria real de la población. El registro de medicamentos de escaso o nulo valor terapéutico, la invención de enfermedades o la conversión de síntomas o factores de riesgo en “patologías”, la financiación acrítica de medicamentos por parte del Estado y la Seguridad Social – principales compradores junto a los pacientes - sumado al escaso interés para el desarrollo de fármacos destinados a las enfermedades “olvidadas” y las de la pobreza agravan este escenario impuesto por el mercado y representan un desafío para la construcción y gestión de una política de medicamentos que privilegie los intereses del paciente y los de la Salud Pública.
Argentina muestra una población de 15.000.000 de personas con accesibilidad a servicios de salud y medicamentos dependiente del sector público. A su vez, muchos ciudadanos acceden a medicamentos innecesarios, riesgosos o inútiles financiados por si mismos, una obra social, una prepaga e incluso un subsidio estatal. Precio divorciado del costo, inequidad, ineficiencia, uso irracional y marketing marcan el escenario. Si la Salud es un derecho, el medicamento es un bien social cuya accesibilidad debe estar garantizada por el Estado. La política nacional de medicamentos oficial, según el marco regulatorio vigente y algunas acciones gubernamentales entre 2003 - 2011, muestra normas favorecedoras del rol rector y regulador  del Estado nacional, con medidas que promovieron la financiación selectiva de medicamentos según su valor terapéutico, la gestión obligada de información epidemiológica para las Obras Sociales Nacionales destinada a tipificar la demanda de medicamentos, el registro obligatorio de prestadores farmacéuticos y  el registro nacional de droguerías y distribuidoras de medicamentos, destinada a transparentar el mercado e identificar sus actores naturales y sus incumbencias.
El propio Programa Remediar, cuestionado por su financiamiento externo, sus condicionalidades de origen a favor de los laboratorios privados y su disímil gestión a lo largo del periodo, se ha mostrado como una estrategia con impacto en el primer nivel de atención, incorporando capacitación y promoción del uso racional de medicamentos a los centros de atención primaria.
Sin embargo, debemos señalar que el rol promotor de políticas de regulación  activas  con fiscalización y control del propio Estado ha resultado pobre. Tampoco se ha verificado un plan estratégico de contenido sanitario que articule y potencie la capacidad del Estado para dirimir intereses en permanente conflicto.
El desempeño de ANMAT prácticamente limitado al registro de especialidades medicinales, la incapacidad manifiesta de la Superintendencia de Servicios de Salud de pautar y controlar la gestión de prestaciones farmacéuticas de las Obras Sociales Nacionales, el financiamiento de medicamentos de alto costo no ajustado a criterios científicos y sin discusión del precio por parte de la Administración de Programas Especiales y la falta de transparencia para la gestión de subsidios y reintegros, muestra la  necesidad perentoria de que desde el Ministerio de Salud de la Nación se coordinen junto a sus organismos descentralizados acciones y políticas indispensables . Los contratos más importantes de las obras sociales provinciales y la medicina prepaga han asumido el modelo PAMI- INDUSTRIA. Este acuerdo de los laboratorios con el PAMI, inaugurado en los 90´y perfeccionado  en los últimos años, nos muestra como el PAMI  transfiere a las cámaras empresariales la gestión del contrato de prestaciones farmacéuticas más importante de Latinoamérica. El modelo de convenio está caracterizado por: subsidios a la oferta, aceptación del precio sugerido por el laboratorio para millones de afiliados, cobertura de medicamentos inútiles y de beneficios no probados, cartelizacion de laboratorios con respeto a la porción de mercado, club de oferta de medicamentos oncológicos y de alto costo, transferencia al centro de autorizaciones de la industria de la auditoria del Instituto,  quiebre de la confidencialidad y la protección de datos personales de los afiliados, afectación del ejercicio profesional farmacéutico por imposibilidad de sustitución, y monopolización de la distribución de medicamentos de alto costo. El camino político y sanitario para enfrentar el modelo, requiere decisión política y convicción para revisar este contrato y basar las decisiones de cobertura o compra desde el Estado y la Seguridad Social privilegiando la utilidad real del medicamento, protocolizando por patología según evidencia, promoviendo controles de calidad y fiscalización de la cadena de comercialización y generando convenios entre financiadores y prestadores, con sinceramiento del precio de los medicamentos y regulación del mismo para prestaciones con cargo 100% para el Estado o las obras sociales. 

En un marco de esas características, la Producción Pública de Medicamentos (PPM)  representa un área estratégica en Salud. La aparición de la PPM se remonta a la época de Ramón Carrillo. A partir de ahí aparecen en escena laboratorios localizados en el ámbito nacional, provincial, y aún municipal. Los hay de distinta complejidad y potencialidades, ya que surgieron para resolver problemáticas de distinta índole.
Con el objetivo de que los laboratorios de PPM adquirieran mayor protagonismo, en setiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), un proyecto surgido en los mismos laboratorios que contaba con el soporte tecnológico del INTI y de otros colectivos de origen académico, social, político, gremial, de  Ciencia y Tecnología, agrupados en la Multisectorial por la PPM. Esa red, constituida por unos 25 laboratorios,  contaba con el aval político y la coordinación de la ex Secretaría de Ciencia y Técnica y contemplaba la vinculación  con universidades nacionales y organismos de CyT, como instrumentos para articular producción de medicamentos con investigación y desarrollo, en las áreas que se considerara necesario. Ese proyecto, fundamentado y racional, fue tomado orgánicamente por el Ministerio de Salud en su “Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos” (Resol. 286/ 2008) y tuvo un despegue tan prometedor como fugaz: fue desactivado a mediados de 2009, sin ninguna causa que lo justificara. Frente a la necesidad social del acceso a los medicamentos que muestran beneficios reales para los problemas de salud a los que están destinados, existen dos alternativas:

1)      Abastecer de medicamentos a hospitales, centros de salud, dispensarios, bancos de drogas del sector público, etc, a través de la compra a laboratorios locales o multinacionales, exclusivamente.

2)      Abastecernos recurriendo a los laboratorios de PPM, según prioridades sanitarias explicitas que favorezcan la escala de producción  

Priorizar solamente la compra implica: no utilizar la capacidad instalada obstruyendo el crecimiento de un instrumento público necesario; obturar desarrollos nacionales  y regionales; quedar a merced del mercado, sean sus agentes nacionales o extranjeros; privarse de un instrumento capaz de establecer precios testigo sobre la base de costos, no hacer investigación ni desarrollo. Por el contrario, abastecerse a través de la PPM implica: utilizar la capacidad instalada de los 38 laboratorios de PPM que hay en el país; resolver el problema de los medicamentos “huérfanos” - de probada acción terapéutica pero carentes de interés comercial para las empresas farmacéuticas; utilizar el conocimiento disponible para hacer investigación y desarrollos a través de convenios con universidades y organismos de CyT para estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, farmacovigilancia, síntesis de principios activos, etc.; centralizar las compras para obtener mejores precios en insumos, y coordinar la producción nacional para que los laboratorios no dejen de atender necesidades locales y regionales. Por otra parte, la PPM es un instrumento formidable para la negociación y para generar precios testigo sobre la base de estructuras de costos y no de mercado como en la actualidad.
Por último, con laboratorios presentes en alrededor de 10 provincias, impulsar la PPM implicaría potentes desarrollos regionales. Finalmente, la activación de la PPM es un proyecto de características interdisciplinarias que tendría un impacto fundamental sobre el sector científico-tecnológico, hoy débil, fragmentado y de escasa utilidad social. En efecto, la articulación de proyectos con universidades y organismos de CyT conduciría a solucionar la fragmentación institucional actual, nos daría soberanía tecnológica y absorbería RRHH calificados. Todos ellos problemas estructurales que es necesario corregir para generar un verdadero sistema de Ciencia y Tecnología, del que hoy carecemos.
Favorecer la utilización social del conocimiento y de la capacidad instalada sería profundizar el modelo resolviendo problemáticas propias, y construyendo soberanía tanto en Salud como en ciencia y tecnología.

En síntesis:

El Foro de Políticas Públicas de Salud de Carta Abierta, partícipe de las intensidades de este momento  histórico, comprometido con los logros políticos, sociales y económicos de un ciclo abierto en el 2003 que es menester sostener y profundizar con los nuevos y antiguos desafíos que ahora resulta posible afrontar, y frente a las oportunidades que se abren en este año electoral, ha decidido intervenir en el debate, proponiendo como  parte de la profundización del proyecto popular:

·        Un sistema de salud que garantice la equidad social, territorial, étnica y de género como base para la construcción de una ciudadanía plena, compensando cualquier diferencia inadmisible cuando de proteger la salud se trata.

·        Una política de salud basada en la recuperación de la soberanía sanitaria en términos de financiamiento, de producción de conocimiento, de inteligencia epidemiológica, de evaluación de tecnologías, de regulación democrática  y de desarrollo de una producción pública de medicamentos.  

 “Estamos de acuerdo en que el cambio es necesario y ahora (…) Si pensamos las políticas de salud en términos de construcción colectiva de dignidad, de ciudadanía, de defensa de la vida misma, e incluso de alegría o nos resignamos al papel de consumidores más o menos afortunados de productos definidos por las conveniencias de los mercaderes del momento.” Mario Testa

Foro de Políticas Públicas de Salud

Email: forodesalud.cartaabierta@gmail.com